martes, 3 de julio de 2018

El servicio de justicia y las reformas de la Constitución

Acceso a la Justicia gratuita en España.

    La Constitución de 1978 dispone en su artículo 119 sobre el acceso a la administración de justicia será gratuito cuando así lo disponga la ley y en todo caso para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Esto significa dos cosas, primero el servicio de administración de justicia no se paga con nuestros impuestos sino que se paga aparte, y segundo el acceso a dicho servicio dependerá en la práctica, con la legislación actual o de poder pagarlo, o de estar en los baremos ecónomicos establecidos para obtenerlo casi gratuitamente. Casi porque el abogado y si fuese necesario procurador, dentro de los tres años inmediatos al pleito si el interesado “ llegase a mejor fortuna deberá pagar sus honorarios”; Este gran defecto de la Constitución de hurtar el servicio básico de la justicia al ciudadano, podría arreglarse disponiendo un baremo alto, pero la ley 1/1996 de A J G y sus modificaciones incluyendo la ley 42/2015 de reforma de la LEC han procurado lo contrario, para conseguir el derecho el interesado no podrá sobrepasar en dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples para los no integrados en una familia, así como para familias de tres miembros, y el triple para familias que superen los cuatro integrantes, pero el trámite es lo suficientemente complejo para recomendar acudir  directamente al Colegio de Abogados para comprobar si se está incluido o no.

    El derecho incluye los siguientes trámites :

 Asesoramiento y orientación gratuitos previos al inicio del proceso.

Asistencia de abogado al detenido o preso.

Representación gratuitas de abogado y procurador durante el juicio.

Inserción  gratuitas de anuncios y edictos.

Exención de tasas y depósitos.

Asistencia pericial gratuita.

Obtención gratuita de documentos públicos y actas notariales.

Reducción del 80 % en aranceles notariales y registrales.

    Esta es la reforma prioritaria de nuestra Constitución, el servicio público de la justicia esté incluidos en los elevadísimos impuestos que pagamos, y los parlamentos autonómicos vuelvan todos al sistema de dietas, es decir cobran una dieta por desplazarse al pleno, pero no sueldos, ni asesores, y deben seguir en su profesión habitual, y además de la paridad entre hombres y mujeres, debe haber paridad en todos los parlamentos entre funcionarios y no funcionarios, evitando así legislaciones privilegiadas para ningún colectivo.

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